Hace un mes, un bombardeo en la selva colombiana del Guaviare, ordenado por el presidente Gustavo Petro, mató a 19 guerrilleros, entre ellos siete menores reclutados. Fue el ataque más letal desde que llegó al poder en 2022 y desató la peor tormenta de derechos humanos de su gobierno, que había prometido una ‘paz total’ anclada en el diálogo.

La operación del 10 de noviembre contra disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia, no fue un hecho aislado. En el último año y medio, la administración de Petro ha lanzado al menos otros doce bombardeos contra grupos armados y, en cuatro de ellos, desde agosto, murieron al menos 15 menores, incluidos los siete del Guaviare.

«Si se suspenden los bombardeos, los capos van a reclutar más niños y niñas», afirmó Petro en X, en medio de un repunte del reclutamiento forzado, que alcanza uno de sus picos desde el acuerdo de paz con las FARC de 2016.

Hoy en Colombia, en promedio, cada 20 horas un menor de edad es reclutado o usado para la guerra. Entre 2019 y 2024, ese flagelo se disparó un 300 %, según Unicef, al tiempo que las redes sociales se convirtieron en la nueva forma de alistamiento.

Aunque es difícil rastrear los casos de reclutamiento forzado de menores, las estimaciones coinciden en que más de la mitad ocurren en el Cauca (suroeste), uno de los departamentos más golpeados por el conflicto.

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