La reciente y drástica reducción en la emisión de permisos de trabajo por parte del Gobierno de Trinidad y Tobago para los migrantes venezolanos está generando una fuerte preocupación entre la comunidad empresarial local, quienes anticipan un grave perjuicio para la economía del país caribeño. Esta medida coincide con un aumento en las tensiones diplomáticas entre Caracas y Washington.

Para muchos dueños de negocios, la fuerza laboral venezolana se ha vuelto esencial.

Los permisos temporales de los migrantes formalmente registrados expiran el 31 de diciembre de 2025. El gobierno de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar planea renovar solo 727 de las 4.237 solicitudes presentadas.

Esta política restrictiva, sumada a una orden de deportación masiva de extranjeros indocumentados, se implementa en un momento de crisis bilateral entre Trinidad y Venezuela, originada por el apoyo de Puerto España al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

El programa de regularización de 2019 permitió que 16.523 adultos y 2.400 niños venezolanos obtuvieran permisos legales de residencia y trabajo, que se prorrogaban anualmente hasta ahora.

El abogado de derechos humanos Subhas Panday argumenta que el Estado tiene una obligación legal y moral con estos migrantes, pues los incentivó a registrarse en su momento.

Ver fuente