El futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en Estados Unidos quedó nuevamente en el centro del debate político y judicial. Aunque la Administración Trump logró cancelar formalmente la designación de Venezuela bajo este programa, una parte importante de los beneficiarios conserva todavía su estatus migratorio y autorización laboral, gracias a una decisión judicial que extendió su vigencia hasta octubre de 2026.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) publicó un comunicado oficial con los detalles de quiénes continúan amparados y bajo qué condiciones se mantiene su protección.

Tras una revisión interna, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que Venezuela “ya no cumple las condiciones necesarias” para permanecer bajo el amparo del TPS, alegando que su continuidad “no responde al interés nacional de Estados Unidos”. Con ese argumento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la terminación del beneficio emitido en 2023.

El Tribunal Supremo respaldó esta medida el 3 de octubre de 2025, avalando la cancelación con vigencia inmediata. Sin embargo, el panorama no cambió completamente. Una decisión previa del Tribunal del Distrito Norte de California, emitida el 30 de mayo de 2025, había ordenado que los venezolanos reinscritos durante la última extensión mantuvieran sus derechos y permisos hasta el 2 de octubre de 2026.

Gracias a ese fallo, decenas de miles de venezolanos que cumplieron los plazos y requisitos establecidos seguirán protegidos de deportación y con derecho a trabajar legalmente, pese a la anulación general del programa.

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