Los lineamientos del ministerio buscan garantizar la cobertura educativa para la población migrante, lo que ha significado un reto por la necesidad de flexibilizar algunos procesos. Por ejemplo, el decreto 1288 de 2018 estableció que los estudiantes venezolanos podrán validar los grados que cursaron en Venezuela a través de evaluaciones o actividades académicas de nivelación. En la práctica, los rectores y maestros han tenido que ajustarse para facilitar esos procesos y orientar la integración de los niños, ya que muchas veces a los padres de familia les cuesta aceptar que sus hijos deben retroceder un curso porque lo que aprendieron en Venezuela no corresponde a lo que se enseña en Colombia.