El sábado 23 de enero de 2021, una venezolana migrante de 18 años fue a su primer día de trabajo en un local de venta de uniformes en la calle Paso al 600, llamado “Uniformes Garzón”, en el barrio porteño de Balvanera, Argentina, donde el propietario, Irineo Humberto Garzón Martínez, la drogó y abusó sexualmente de ella. La crisis de movilidad humana venezolana está caracterizada por la salida forzada motivada por la emergencia humanitaria compleja que existe en el país, esta situación afecta de forma diferenciada a las mujeres y su desplazamiento han incrementado exponencialmente los riesgos de sufrir violencias. Los Estados tienen la responsabilidad de actuar con debida diligencia en casos de violencia sexual y de género. Es importante resaltar, como lo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la falta de una debida diligencia en investigar y sancionar actos de violencia de género resalta que la impunidad de estos delitos envía el mensaje de que esta violencia es tolerada, lo que favorece su perpetuación

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