La situación de los migrantes venezolanos en Colombia ha experimentado avances significativos en los últimos años, gracias a políticas de regularización y apoyo internacional. Sin embargo, recientes recortes en la cooperación internacional, especialmente por parte de Estados Unidos, han generado incertidumbre sobre el futuro de estos procesos.

El cierre de oficinas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en varias regiones del país ha dejado a miles de migrantes en una situación vulnerable, sin acceso a servicios esenciales como salud, educación y empleo formal.

Las oficinas de la OIM desempeñaban un papel crucial en la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), facilitando trámites como la entrega del Permiso por Protección Temporal (PPT).

Con el cierre de estas oficinas, muchos migrantes se han visto imposibilitados de completar sus procesos de regularización, afectando su acceso a servicios básicos y su integración en la sociedad colombiana.

Ante esta crisis, el gobierno colombiano ha expresado su compromiso de buscar alternativas para continuar con la regularización de migrantes venezolanos. Se han planteado propuestas como la reactivación de oficinas móviles, la colaboración con organizaciones no gubernamentales locales y la búsqueda de financiamiento de otras fuentes internacionales. No obstante, la implementación de estas soluciones requiere tiempo y recursos, y su eficacia dependerá de la coordinación entre las diferentes entidades involucradas.​

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