Colombia, uno de los principales destinos de la migración venezolana, enfrenta un panorama alarmante en materia de protección humanitaria.

A pesar de que más de 7,8 millones de venezolanos han abandonado su país en menos de una década, y de que las agencias internacionales recomiendan tratarlos como refugiados, solo el 0,03 % de ellos ha recibido este estatus en Colombia, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Esto significa que solo uno de cada 2.600 venezolanos asentados en territorio colombiano goza de reconocimiento legal como refugiado, dejando a la gran mayoría en un vacío jurídico que los priva de derechos básicos como salud, educación y empleo formal.

El desplazamiento masivo de ciudadanos venezolanos es considerado una de las mayores crisis migratorias del hemisferio occidental.

Naciones Unidas ha insistido en que estas personas deben ser reconocidas bajo el marco de protección internacional, dado que huyen de un contexto de persecución política, colapso institucional y violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, la respuesta del Estado colombiano se ha centrado principalmente en mecanismos temporales de regularización migratoria, como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), lanzado en 2021, que otorga permisos de residencia y trabajo limitados.

Aunque esta medida ha permitido una inclusión parcial, no sustituye el estatus de refugiado, que implica protección internacional, acceso pleno a derechos y garantías contra la deportación.

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