Los migrantes venezolanos en Colombia se enfrentan a numerosas dificultades para ingresar al mercado laboral, siendo la obtención de la documentación necesaria (especialmente de instituciones colegiadas) una de las más significativas porque les restringen el libre ejercicio de su profesión en el país.

En respuesta a esta problemática, la Corte Constitucional colombiana emitió un fallo el 17 de mayo que facilita la obtención de la homologación de la tarjeta profesional (licencia de ejercicio) para los migrantes venezolanos, protegiendo así sus derechos laborales.

La reciente decisión de la Corte Constitucional surgió al revisar un caso específico en el que se ampararon los derechos al trabajo y al libre ejercicio de la profesión de un contador público venezolano que vive en Colombia desde hace más de 5 años.

El ciudadano venezolano, titular de un Permiso Especial de Permanencia (PEP) y posteriormente de un Permiso por Protección Temporal (PPT), no pudo homologar su tarjeta profesional debido a que la Junta Central de Contadores consideró que no cumplía con el requisito de domicilio, pese a haber residido en Colombia por más de 5 años.

La Corte Constitucional determinó que la Junta Central de Contadores impuso barreras administrativas que vulneraron los derechos del migrante venezolano.

La Sala Quinta de Revisión señaló que el demandante estaba domiciliado en Colombia, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Código Civil.

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