Aunque la migración no es desconocida para nuestro país, el cual sigue expulsando personas y ha recibido otros grupos de migrantes en menor medida, la situación actual evidencia la necesidad de una ley migratoria que haga parte de una política integral que sea de Estado y no de gobierno. El proyecto de ley radicado ante el Congreso por la Cancillería este 23 de julio plantea una oportunidad para remediar este vacío y superar las limitaciones de la respuesta actual, siempre y cuando logre incorporar una perspectiva de derechos.