La reactivación de la frontera de Táchira con Norte de Santander, a partir del 26 de septiembre de 2022, permitió un drástico descenso (90%) de los casos denunciados de desapariciones forzadas, si se compara con el lapso que va de 2018 a 2021.

Así lo hizo saber Wilfredo Cañizales, director de la asociación Progresar, dedicada a la defensa de los derechos humanos en Norte de Santander y en la frontera con Venezuela. Destacó que una de las graves consecuencias que venía presentando el cierre de la frontera colombovenezolana fue la reproducción de múltiples actividades delincuenciales, donde se cometió todo tipo de delitos.

«En algún momento, llegamos a monitorear alrededor de 30 bandas criminales que trataban de administrar y apoderarse de pequeñas porciones de la frontera; igualmente grandes estructuras armadas como guerrillas y paramilitares», puntualizó Cañizales.

Recordó que todas estas organizaciones afectaban de manera permanente los derechos humanos, pues se asesinaba, se extorsionaba y hasta se abusaba sexualmente de las mujeres y, en algunos caso, de hombres jóvenes. «Uno de los delitos que más se presentaba era la desaparición forzada de personas».

En el primer semestre de 2025, van contabilizados nueve casos, mientras que en 2023 se reportaron alrededor de 15. «Si estas cifras las comparamos con el periodo del 2018 hasta 2021, podemos decir que un poco más del 90% de los casos denunciados de personas víctimas de la desaparición forzada han descendido en la frontera colombovenezolana.

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