El rompimiento de las relaciones con Colombia, ordenado por el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 23 de febrero, conllevó la salida de los funcionarios colombianos vinculados a la Embajada en ese país y de los 15 consulados distribuidos en sus diferentes estados. Esta situación desató a su vez una especie de “desprotección diplomática” para el millón de colombianos que todavía permanece en la herma república, según cifras de la misma Cancillería, toda vez que ya son dos semanas sin oficinas, ni personal que atienda los requerimientos que tengan los connacionales.

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