La reciente expulsión de migrantes venezolanos en Bucaramanga, liderada por el alcalde Jaime Andrés de Beltrán, ha desatado un intenso debate sobre la seguridad y la migración en la ciudad.

Datos recientes revelan un aumento en la cantidad de delitos cometidos en Bucaramanga. Sin embargo, sorprendentemente, solo el 13% de estas capturas corresponde a migrantes venezolanos, lo que sugiere que la mayoría de los delitos son perpetrados por ciudadanos colombianos.

Aunque las cifras oficiales son bajas, existe la percepción de que la delincuencia migrante contribuye a la inseguridad en la ciudad.

El profesor Juan Carlos Mantilla destaca el riesgo de estigmatizar a la población venezolana como delincuentes, subrayando que muchos migrantes buscan oportunidades en medio de una crisis humanitaria. Advierte que aplicar medidas restrictivas puede generar una falsa percepción de seguridad y no aborda las causas subyacentes de la criminalidad.

El analista político Julio Acelas critica al alcalde Beltrán por su enfoque en la seguridad y la migración, señalando que la gestión gubernamental debe ir más allá de las medidas punitivas.

Acelas sugiere que más que xenofobia, la situación refleja una tendencia hacia la aporofobia, el desprecio hacia los migrantes pobres y marginados.

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