La comunidad venezolana en Trinidad y Tobago atraviesa uno de sus momentos más inciertos desde el inicio del éxodo. La filtración de un memorándum oficial que plantea la posibilidad de expulsiones masivas desató un clima de ansiedad entre miles de personas que llegaron huyendo de la crisis política y económica.

Controles reforzados, dificultades para renovar permisos y el estado de emergencia vigente han convertido la vida cotidiana en un constante sobresalto para quienes pensaban haber encontrado un refugio en este país caribeño.

El detonante de esta ola de pánico fue la filtración de un documento oficial fechado el 27 de octubre. En él, el Ministerio de Seguridad Nacional ordena detener a toda persona extranjera en situación irregular y mantenerla en el Centro de Detención de Inmigrantes “hasta su repatriación”. El texto menciona, además, que se estudia la posibilidad de ejecutar una “deportación masiva” de venezolanos, en un contexto de tensión diplomática con Caracas.

La divulgación del memorándum coincidió con un notable aumento de la presencia policial en zonas urbanas y rurales del país. Trinidad y Tobago se encuentra bajo estado de emergencia desde el 18 de julio, medida prorrogada dos veces, que concede a las fuerzas de seguridad amplias facultades para realizar detenciones, registrar viviendas y confiscar bienes sin orden judicial. La población migrante es la primera en sentir el impacto de estas atribuciones ampliadas.

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