El miedo no permitió que José Obdulio recibiera una digna sepultura. Era tan solo un niño, pero cuando murió, nadie se atrevió a asistir al velorio. El temor como consecuencia del confinamiento reprimió una tradición ancestral en el territorio: entonar los chigualos (cantos afrocolombianos para despedir a niñas y niños fallecidos).

Prohibir que tradiciones familiares y comunitarias se pierdan es lo que pasa, en promedio, cada semana en algunos territorios rurales del país, pero se expande a otras actividades como cazar, pescar, buscar gasolina o sencillamente caminar por el territorio. Las comunidades lo describen como un encierro: una privación de la libertad sin formalismos.

Esta problemática tiene nombre: confinamiento. Giovanni Rizzo, director del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia, lo describe como una grave crisis humanitaria con muchos protagonistas, pero pocas voces que la visibilicen. Los más afectados, dice Rizzo, son las comunidades étnicas y campesinas.

Según la Defensoría del Pueblo, en 2025 más de 128.000 personas fueron víctimas de confinamiento en Colombia. Sin embargo, no existen consensos de una cifra única sobre la magnitud del fenómeno, pues distintas organizaciones registran datos diferentes.

Para Iris Marín, defensora del Pueblo, el escenario es a todas luces alarmante: “Si bien se registran esfuerzos por mantener la atención, la respuesta institucional continúa siendo insuficiente, fragmentada y en muchos casos tardía (…). Esto retrasa el restablecimiento efectivo de los derechos”, dice Marín.

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