Doral es uno de los 34 municipios del condado de Miami-Dade, en el sur de Florida, y durante siete años ha sido el hogar de María, su esposo y sus hijas.

También es la ciudad con la mayor población venezolana de Estados Unidos y una de las más custodiadas durante los últimos meses por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Con un caso de asilo pendiente, esta mujer venezolana de 52 años cambió su rutina para minimizar la posibilidad de toparse con patrullas de ICE en las esquinas de Doral, temerosa de ser detenida si las autoridades vinculan su estatus migratorio con la placa de su auto.

«Nosotros pedimos asilo afirmativo y el caso nunca cambió de estatus porque no hemos tenido ni siquiera la entrevista. Pero el caso está activo», explica.

Pero desde que ICE se llevó a su primo en Orlando en junio, pese a que también tenía un caso de asilo afirmativo, María siente que el riesgo de deportación es elevado.

«Todo este año he estado muy asustada. Mis pasos están súper restringidos, no estoy haciendo ninguna actividad extracurricular. Ya no puedo más con esto, no me estoy sintiendo bien», cuenta en una llamada telefónica.

La sensación se parece a lo que María experimentaba antes de emigrar de Venezuela.

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