Organizaciones sociales, instituciones académicas y defensores de derechos humanos exigieron al Gobierno de Colombia frenar la iniciativa de deportaciones masivas de migrantes venezolanos y garantizar una evaluación individual antes de ordenar cualquier salida del país.

Los firmantes también rechazaron los discursos que relacionan la condición migratoria irregular con la delincuencia y advirtieron sobre las consecuencias humanitarias de un eventual retorno a Venezuela.

El pronunciamiento surgió después de que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunciara medidas para identificar y deportar a extranjeros que permanecen de manera irregular en el territorio nacional. Según el comunicado conjunto, una operación de esa magnitud podría vulnerar el derecho a la defensa, fomentar prácticas discriminatorias y desconocer las necesidades de protección internacional de miles de personas.

Las organizaciones reconocieron que el Estado colombiano tiene facultades para vigilar sus fronteras y aplicar la legislación migratoria. Sin embargo, sostuvieron que esa potestad no autoriza a las instituciones a ejecutar procedimientos automáticos, colectivos o carentes de motivación. Por ello, solicitaron que Migración Colombia analice las circunstancias personales y familiares de cada afectado antes de decidir una deportación o expulsión.

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