Las declaraciones del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, sobre posibles operativos para deportar a migrantes en situación irregular han generado preocupación entre las comunidades extranjeras, especialmente entre los venezolanos que viven en el país.

El presidente del Observatorio de la Diáspora Venezolana, Tomás Páez, cuestionó el uso del término “inmigrantes ilegales” y señaló que debe diferenciarse entre una persona que se encuentra en situación migratoria irregular y la condición de ilegalidad.

Páez recordó que la movilidad humana está reconocida como un derecho en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al mismo tiempo, destacó que existen diferencias entre ingresar o permanecer de manera irregular en un territorio y considerar ilegal a la persona.

Páez también sostuvo que la mayoría de los venezolanos en Colombia se encuentra en condición regular, aunque estimaciones citadas por medios locales calculan que cerca de 800.000 personas estarían en situación migratoria irregular, entre ellas aproximadamente 200.000 menores de edad.

Para Páez, vincular la migración con problemas de seguridad forma parte de una tendencia internacional en la que los migrantes terminan convirtiéndose en un grupo señalado como responsable de distintos problemas sociales.

El debate ocurre mientras Colombia enfrenta el reto de gestionar una de las mayores comunidades de migrantes venezolanos de la región, después de años de llegada de ciudadanos que abandonaron Venezuela en busca de nuevas oportunidades.

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