La residencia humanitaria en España, mecanismo que ha protegido a miles de venezolanos desde 2018, llega a su fin el 30 de junio de 2026, dejando a un número significativo de ciudadanos en situación de incertidumbre jurídica y riesgo de desprotección. Según la Asociación Social Solidaridad Venezuela (ASSV), aproximadamente 109.000 venezolanos en toda España podrían verse afectados tras la eliminación de este estatus temporal.

La medida coincide además con la finalización del plazo de la regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes impulsada por el Gobierno español, aumentando la presión sobre los servicios de extranjería y las oficinas administrativas encargadas de procesar solicitudes pendientes.

La residencia humanitaria se implementó en 2018 como respuesta a la crisis humanitaria venezolana y permitió otorgar un estatus legal a ciudadanos cuya solicitud de asilo había sido denegada. Hasta la fecha, cerca de 240.000 personas se han beneficiado de este mecanismo, mayoritariamente venezolanos que necesitaban seguridad jurídica para residir, trabajar y acceder a servicios básicos en España.

El cierre del sistema se justifica oficialmente con la supuesta mejora de las condiciones en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y la transición política liderada por Delcy Rodríguez iniciada hace tres meses. Sin embargo, desde la ASSV se advierte que la recuperación de la economía y la situación social en Venezuela no ha sido suficiente para justificar la eliminación de este mecanismo.

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