El ambicioso plan de control migratorio impulsado por el Gobierno del presidente José Antonio Kast tropezó con un obstáculo estructural que parece difícil de sortear en el corto plazo. Según declaraciones recientes de la Policía de Investigaciones (PDI) ante el Senado, la administración se enfrenta a una «imposibilidad» práctica para ejecutar las órdenes de expulsión contra ciudadanos venezolanos, una de las nacionalidades con mayor presencia de irregulares en el país.

Durante una sesión en la comisión de Gobierno del Senado, donde se discute el proyecto para tipificar como delito el ingreso clandestino, el prefecto de la PDI encargado de Migraciones, Ernesto León, reveló cifras preocupantes. Actualmente, existen cerca de 6.000 ciudadanos venezolanos con decretos de expulsión pendientes que no pueden ser ejecutados.

La razón fundamental es la ruptura de relaciones consulares y diplomáticas con Venezuela. León fue tajante al señalar que, debido a esta falta de comunicación oficial, no es posible identificar correctamente a los sujetos ni obtener la autorización del gobierno de Caracas para que estos sean aceptados de regreso en su territorio.

De hecho, el jefe policial confirmó que los vuelos de expulsión hacia Venezuela se encuentran congelados desde junio de 2025.

Este estancamiento diplomático no es el único reto. El informe también puso de relieve el alto costo que implica para el Estado chileno cada proceso de deportación. Se estima que el operativo para expulsar a una sola persona —que incluye pasajes aéreos, viáticos para escoltas policiales y logística de seguridad— asciende a aproximadamente $3 millones de pesos.

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