España pondrá fin en junio a la vía que desde 2018 permitió a decenas de miles de venezolanos regularizar su situación casi automáticamente. Lo que nació como respuesta de emergencia, justificada por el deterioro político y social en Venezuela, terminó funcionando como un canal estructural que regularizó a casi 240.000 personas.

En algunos años, los venezolanos concentraron más del 95% de todos los permisos por razones humanitarias concedidos en España.

En 2025, el país emitió 50.000 de estas autorizaciones, su cifra más alta.

Sin ese colchón, la tasa de protección real de España caía al 5%-12%, por debajo de la media europea.

El Gobierno insiste en que es solo procedimental. Pero en la práctica, las razones humanitarias fuera del circuito venezolano se conceden de forma residual y casi siempre ligadas a casos médicos.

La política de acogida transformó España en uno de los grandes destinos del exilio venezolano fuera de América.

De los 255.000 nacidos en Venezuela que vivían aquí en 2018, se ha pasado a cerca de 700.000. Más de 250.000 tienen ya nacionalidad española.

Solo en 2024, 35.403 venezolanos se convirtieron en ciudadanos.

A partir de junio, quienes lleguen lo harán por la misma puerta que cualquier otro extranjero.

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