La suerte de unos 600 mil venezolanos que residen en Estados Unidos se mantiene en las manos del gobierno del presidente Donald Trump, a pesar de que un tribunal de apelaciones declaró que el Ejecutivo actuó de forma ilegal al rescindir el Estatus de Protección Temporal (TPS) que los protegía, según advirtieron los abogados que los defienden.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos concluyó este miércoles que la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de eliminar el beneficio otorgado por el expresidente Joe Biden (2021-2025) es ilegal.

En la opinión, el juez Salvador Mendoza argumentó que la orden de poner fin al TPS, que protege de la deportación y otorga autorización para trabajar, “contradice” el estatuto del Congreso.

El magistrado también consideró ilegal la decisión de la administración porque estaba motivada por animosidad racial contra los venezolanos.

Pese al fallo, la decisión no tendrá un efecto práctico inmediato debido a que el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió el pasado octubre que la medida entrara en vigor mientras el caso presentado en California sigue su curso.

En ese sentido, Jessica Bansal, abogada de TPS de la Red Nacional de Organizaciones de Trabajadores Jornaleros (NDLON), que hace parte de los abogados que defienden a los venezolanos, dijo en un comunicado que a pesar de la victoria los beneficiarios del TPS “aún enfrentan” las posibilidades de detención y deportación.

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