El Permiso Especial de Permanencia Tutor, conocido como PEP Tutor, fue anunciado por el gobierno del presidente Gustavo Petro como una herramienta humanitaria destinada a garantizar la unidad familiar y la protección integral de menores venezolanos con estatus migratorio regular. El mecanismo permite regularizar a padres, madres o cuidadores de niños que ya cuentan con Permiso por Protección Temporal, siempre que este haya sido obtenido antes del 31 de diciembre de 2023.

En teoría, el objetivo es inequívoco: evitar separaciones familiares, reducir la irregularidad migratoria y asegurar el acceso a derechos fundamentales como la salud, el trabajo formal y condiciones de vida dignas. No obstante, la experiencia en territorio revela una brecha profunda entre la intención normativa y su ejecución real.

Organizaciones que acompañan de manera permanente a familias migrantes y refugiadas advierten que el PEP Tutor no está funcionando de forma efectiva. A pesar de existir en la normativa, el mecanismo no se ha materializado en soluciones concretas para quienes dependen de él. De cerca de 100 solicitudes gestionadas, apenas seis han sido aprobadas y ninguna ha concluido con la entrega del documento correspondiente.

Las consecuencias más graves de esta inacción recaen sobre la población infantil. Muchos niños y adolescentes están escolarizados y cuentan con estatus migratorio regular, pero conviven con al menos uno de sus padres en condición irregular. Esta contradicción vulnera el principio del interés superior del niño y afecta de manera directa los procesos de integración social y comunitaria.

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