Durante los últimos años, el país ha sido testigo de cómo las fronteras se han convertido en territorio de discursos improvisados, decisiones unilaterales y promesas incumplidas. Cada movimiento diplomático se anuncia desde Bogotá, pero sus consecuencias se sienten en Cúcuta, en Arauca, en La Guajira, en Ipiales o en Leticia. Allí donde el Estado solo aparece para tomarse la foto, pero no para quedarse.

Por eso, el Proyecto de Ley Estatutaria “Ciudadano Fronterizo”, radicado por el representante Diógenes Quintero Amaya, llega en el momento preciso. Porque reconoce que no se puede seguir gobernando de espaldas a los territorios que más sostienen la soberanía nacional. La iniciativa busca que las decisiones internacionales que afecten a las zonas limítrofes no se tomen en secreto entre cancillerías, sino con la participación directa de quienes viven el día a día de la frontera.

En otras palabras, propone que el ciudadano fronterizo —ese colombiano que todos los gobiernos olvidan, pero que mantiene viva la economía, la cultura y la seguridad en los bordes del país— sea escuchado antes de que una decisión diplomática modifique su destino.

La idea es simple, pero poderosa: ninguna política exterior puede ser justa si ignora a quienes la padecen. Este proyecto convierte esa realidad en ley: que toda negociación, tratado o ruptura con países vecinos deba ir acompañada de consulta, diálogo y rendición de cuentas a las comunidades directamente afectadas.

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