El 16 de octubre se cumplieron nueve meses de la ofensiva entre los dos grupos que hacen presencia en los municipios del Catatumbo, dejando cifras históricas en materia de desplazamiento forzado, confinamientos, reclutamientos y homicidios.

Recientes datos suministrados por el Puesto de Mando Unificado, liderado por la Gobernación de Norte de Santander, indican que cerca de 82.200 personas han salido desplazadas por el recrudecimiento de la violencia; 1.740 aún siguen confinadas ante los enfrentamientos, y, adicionalmente, la siembra de minas antipersona continúa cobrando vidas humanas.

Las autoridades confirman que por lo menos 163 habitantes de esta sección del país han sido víctimas de homicidios, en su mayoría personas ajenas a la guerra desatada a principios del presente año.

De los 163 asesinados, 144 corresponden a civiles, 6 a firmantes de paz y 3 a líderes sociales. Además, se reporta la muerte de 10 menores de edad en municipios como Tibú, Teorama, Convención, El Tarra y Hacarí, entre otros.

Lo grave del caso es que los grupos armados han formado alianzas para el dominio territorial y la continuidad del negocio de los cultivos de uso ilícito, el secuestro extorsivo y los retenes ilegales, disparando de manera exponencial las escalofriantes cifras, agregan los voceros comunales, quienes prefieren el anonimato por razones de seguridad.

Un escenario complejo en medio de una guerra sin sentido, con poca presencia institucional y acciones concretas, donde se reclama un tratamiento especial para restituir el tejido social.

Ver fuente