La historia de María Enriqueta León, una mujer venezolana de 79 años, representa una victoria jurídica con repercusiones colectivas.

A María Enriqueta, primero le fue negado el refugio bajo el argumento de que era una migrante económica, y después tampoco pudo acceder al Permiso de Protección Temporal (PPT), porque su solicitud de refugio seguía abierta.

La incertidumbre se agravó cuando las autoridades le dieron un plazo de 30 días para salir del país. Enferma, analfabeta y dependiente de su familia, su situación era crítica.

El caso llegó a la justicia gracias al apoyo de la Clínica Jurídica de Movilidad Humana Transfronteriza de la Universidad del Rosario, que interpuso una tutela en su nombre. La Corte Constitucional evaluó su edad, su dependencia familiar y sus condiciones médicas —entre ellas hipertensión, tendinosis y dolor crónico en la ciática— para concluir que la negativa a otorgarle el PPT había vulnerado sus derechos.

El alto tribunal ordenó su regularización inmediata, dejando claro que las autoridades migratorias no podían condicionar el acceso al Estatuto de Protección Temporal al estado de un trámite de refugio.

La decisión de la Corte no solo benefició a María Enriqueta. Abrió la posibilidad para que otras personas en situaciones semejantes —adultos mayores, con enfermedades o en medio de procesos administrativos poco claros— puedan reclamar el derecho a permanecer en Colombia bajo el PPT.

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