La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, informó que 200 venezolanos recluidos en cárceles del país serán deportados. La medida, dijo, responde a la política migratoria de su gobierno, que no será indulgente con quienes ingresen de manera irregular y no puedan demostrar cómo se sostienen económicamente.

El medio Newsday consultó al ministro de Defensa de Trinidad y Tobago, Wayne Sturge, y al ministro de Seguridad Nacional, Roger Alexander, sobre los mecanismos y el cronograma de deportaciones de los venezolanos, pero no obtuvo respuesta.

La declaración de Persad-Bissessar ocurre en medio de tensiones regionales tras el llamado del presidente de Colombia para que Trinidad y Tobago recupere los cuerpos de 11 personas muertas en un ataque de Estados Unidos contra un barco presuntamente vinculado al narcotráfico.

La abogada Nafeesa Mohammed, quien ha representado a migrantes venezolanos, expresó preocupación y pidió al Ejecutivo garantizar que las deportaciones se ejecuten respetando las leyes y tratados internacionales.

Mohammed recordó que anteriores deportaciones generaron críticas por la ausencia de procedimientos legales claros, pese a que el país ha firmado convenciones internacionales en materia de derechos humanos y humanitarios.

La abogada advirtió que el manejo de estas deportaciones podría impactar tanto en el respeto a los derechos de mujeres y niños migrantes como en la imagen internacional del país.

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