Un informe reciente de la Unesco ofrece un panorama detallado sobre la integración educativa de migrantes y refugiados venezolanos en Colombia, destacando tanto progresos como carencias que todavía limitan su acceso a la educación, especialmente en el nivel universitario.
Si bien se han implementado políticas públicas y programas para garantizar derechos, la realidad muestra que persisten obstáculos de carácter económico, administrativo y social que frenan su inclusión plena.
En educación básica y media, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha establecido lineamientos que flexibilizan requisitos documentales y promueven la regularización migratoria de estudiantes, facilitando su ingreso y permanencia en el sistema escolar.
El avance en el acceso a la universidad ha sido más lento. Según el informe, en 2023 se registraron 849 estudiantes venezolanos matriculados, un incremento del 51 % respecto a 2018, pero que representa apenas el 0,10 % de la población en edad universitaria.
Entre los principales obstáculos están el alto costo de los estudios, la falta de reconocimiento de títulos —el 97 % de los profesionales no ha logrado homologar sus credenciales—, la discriminación sufrida por casi la mitad de los estudiantes y las dificultades de adaptación académica reportadas por el 51,7 %.
Para contrarrestar estas barreras, se han impulsado iniciativas como el Fondo Solidario para la Educación, la Política de Gratuidad y Generación E, que cubren matrícula y ofrecen apoyos económicos sin distinción de nacionalidad.