El Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC en Estados Unidos resolvió este viernes, 8 de agosto, por mayoría de 2-1, que el juez federal James Boasberg no podrá avanzar con procedimientos de desacato contra la administración de Donald Trump.

La disputa judicial se originó por la supuesta violación de una orden de emergencia que impedía al gobierno republicano aplicar una ley de 1798 para deportar de forma sumaria a cientos de inmigrantes venezolanos hacia El Salvador. Este fallo representa un nuevo capítulo en un largo pulso legal que se ha extendido por varios tribunales federales durante meses.

Los jueces Gregory Katsas y Neomi Rao, ambos designados por Trump, respaldaron la posición del Ejecutivo, bloqueando la moción de Boasberg. En contraste, la magistrada Nina Pillard, nombrada por Barack Obama, emitió un voto disidente, según informó Fox News.

Katsas explicó que la orden inicial presentaba ambigüedades y que, por ello, no era posible considerar criminal la actuación del gobierno. El fallo no entra a valorar la legalidad de las deportaciones realizadas en marzo, cuando más de 250 venezolanos fueron enviados al centro penitenciario de máxima seguridad CECOT en El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

El caso podría continuar en instancias superiores. Mientras tanto, Boasberg mantiene la exigencia de recibir reportes periódicos sobre el paradero y la situación de los 252 migrantes, actualmente en territorio venezolano.

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