Una operación diplomática que pudo haber significado la liberación de ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos naufragó por desorganización interna en la administración de Donald Trump. La ausencia de coordinación entre altos funcionarios obstaculizó un complejo acuerdo que incluía el traslado de migrantes detenidos en El Salvador hacia Venezuela, a cambio de ciudadanos norteamericanos bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro.

El plan encabezado por el secretario de Estado Marco Rubio incluía un canje múltiple: enviar a Caracas a 250 migrantes venezolanos encarcelados en El Salvador, y a cambio liberar a 11 estadounidenses y 80 presos políticos venezolanos. Esta operación humanitaria, negociada con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, fue saboteada por una segunda iniciativa impulsada simultáneamente por Richard Grenell, enviado especial de Trump para Venezuela.

Grenell ofreció una ruta distinta: el alivio de sanciones petroleras a través de la extensión de la licencia a Chevron, con el objetivo de obtener la libertad de los detenidos estadounidenses sin incluir a los migrantes ni a los presos políticos. Aunque alegó tener respaldo presidencial, nunca hubo aprobación formal.

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