Adolescentes o adultas no pueden prevenir los embarazos porque no reciben educación sexual y no tienen acceso a los anticonceptivos (por su escasez y su alto costo); es decir, el Estado no garantiza su derecho a la planificación familiar, pero tampoco pueden interrumpir los embarazos no deseados que el Estado venezolano no les ha permitido evitar porque el aborto continúa siendo tipificado en el Código Penal como un delito.

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