Cuando apenas habían transcurrido 2 semanas del terremoto y el país hacía esfuerzos en conocer la dimensión y devastación de la tragedia, el presidente de la República, Abelardo de Espriella, ordenaba operativos para deportar migrantes en situación irregular y extranjeros incursos en delitos.

La condición migratoria irregular, una infracción de tipo administrativo, la equiparaba con quienes entran a Colombia a cometer delitos e instauraba un discurso que retrata a los migrantes como una amenaza a la seguridad del país. Las conversaciones digitales en redes no tardaron en elevar el tono xenofóbico detonado desde el poder ejecutivo.

Colombia sigue siendo el principal país de acogida del éxodo venezolano en el mundo, con 2,8 millones de refugiados y migrantes venezolanos, además de casi otro millón de colombianos retornados forzados desde Venezuela que se habían establecido en décadas anteriores y que volvieron junto a sus segundas o terceras generaciones.

En paralelo, la crisis humanitaria agudizada por las dinámicas que impone el conflicto armado interno mantiene a Colombia como el segundo país del mundo con mayor número de desplazados internos por la violencia (7,2 millones personas), incluyendo también a personas migrantes y refugiadas.

Los cinco departamentos más golpeados por el terremoto en Colombia concentran 293,064 migrantes venezolanos, entre los cuales un poco más de 74 mil están en situación migratoria irregular, frente a los casi 800 mil que a nivel nacional están en esa misma condición.

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