Denunciar actividades ilícitas en los territorios, tales como el microtráfico; apoyar los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito; defender los derechos humanos; manifestarse y reclamar por conflictos de tierras, y tener que convivir con grupos armados ilegales son las principales situaciones de riesgo a las que se enfrentan los líderes comunales en esta región del país. 78 homicidios de ellos ocurrieron en 2016; 58, en 2017, y 21 más, hasta el 31 de marzo de este año.

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