Cuando cientos de inmigrantes abarrotaron el Centro de Detención Krome de Miami, en las afueras de los humedales del Parque Nacional Everglades de Florida, el temor de una revuelta se apoderó del personal.

Mientras el presidente Donald J. Trump buscaba cumplir su promesa de campaña de realizar arrestos y deportaciones masivas de migrantes, Krome, el centro de detención de inmigrantes más antiguo de Estados Unidos y uno que tiene un largo historial de abusos, vio cómo su población de prisioneros aumentó recientemente a casi el triple de su capacidad, que es de 600 personas.

“¡Hay 1.700 personas aquí en Krome!”, escribió un empleado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a un compañero de trabajo el mes pasado, y añadió que, aunque se sentía inseguro caminar por las instalaciones, nadie estaba dispuesto a mencionarlo.

Esa tensión —por el temor a represalias por intentar garantizar condiciones más humanas—, surge en medio de una disputa en los tribunales federales y en los pasillos del Congreso sobre si la ofensiva del presidente hacia los inmigrantes ha ido demasiado lejos y ha sido demasiado rápida, a costa de los derechos fundamentales.

En Krome, han surgido numerosos informes sobre falta de agua y de alimentos, confinamiento insalubre y negligencia médica. Ante el aumento de quejas, el gobierno de Trump cerró tres oficinas de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) encargadas de investigar dichas denuncias.

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