El asesinato de Miguel Castellanos y el atentado con un carro bomba en Cúcuta dejan en evidencia una escalada de violencia en la ciudad que ya estaba diagnosticada. La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció sobre los recientes ataques y señaló que desde la entidad ya se habían emitido alertas tempranas sobre estos escenarios.

Durante una entrevista en Blu Radio, la defensora hizo un llamado urgente a las autoridades para que se pongan al frente del panorama. «Es claro el llamado a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales a que investiguen las redes de corrupción que pueden llegar a tener estos grupos, porque generalmente estos grupos armados no pueden tener un control y un dominio tan importante en los territorios», señaló.

La defensora Marín hizo especial énfasis en la necesidad de investigar los posibles nexos entre las estructuras criminales y la política en esa ciudad. «Todo este contexto tiene que ser investigado y entendido a profundidad porque hace parte de las posibilidades que tienen las redes de grupos armados y criminalidad organizada para tener control y capacidad de hacer daño», agregó.

Desde septiembre de 2025, la entidad había alertado sobre amenazas contra funcionarios, candidatos, periodistas y líderes sociales, así como sobre la posibilidad de que la violencia del Catatumbo se extendiera a las ciudades. Un año después, los ataques del 26 y 27 de octubre vuelven a poner sobre la mesa esas advertencias.

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