Miles de migrantes con solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos deberán cumplir con una nueva obligación económica para evitar sanciones que podrían afectar directamente su permanencia en el país.

La medida establece una tarifa anual de 102 dólares para quienes mantengan abierto un proceso de asilo ante las autoridades migratorias estadounidenses. El pago comenzó a aplicarse desde finales de mayo y deberá realizarse cada año mientras el caso permanezca pendiente.

Las consecuencias por incumplir la normativa son severas. Según las disposiciones divulgadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), quienes no cancelen la tarifa dentro de los 30 días posteriores a la notificación podrían ver rechazada su solicitud de asilo, perder su permiso de trabajo e incluso quedar expuestos a procesos de deportación si no poseen otro estatus migratorio válido.

El cobro se realiza de forma electrónica a través de los sistemas oficiales de inmigración y forma parte de una serie de cambios implementados para financiar los procesos administrativos relacionados con el sistema de asilo.

Las autoridades recomiendan a los solicitantes revisar constantemente sus cuentas y notificaciones oficiales para evitar incumplimientos que puedan poner en riesgo sus casos migratorios.

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