A lo largo de los últimos cinco años, Marlene* ha tenido que ver y oír, de primera mano, las desgarradoras historias de menores migrantes que han sido sometidas a diferentes formas de explotación sexual, en varias de las ciudades que hacen vida a lo largo de la porosa frontera entre Colombia y Venezuela. La mujer, quien pidió no revelar su identidad por estar vinculada a una fundación, aseguró que la “normalización de estos episodios” es lo que más la aterra, pues en esos territorios este tipo de sucesos ya no son “tomados en cuenta ni por las autoridades”. “Hemos tenido casos de niñas, incluso menores de 12 años, que llegan buscando ayuda para poder interrumpir sus embarazos. Estas menores, en su mayoría, son explotadas en las trochas y zonas de tolerancia de ciudades como Cúcuta y Maicao”, señaló la mujer, quien se desempeña como abogada. En zonas de Maicao fuentes judiciales le dijeron a este medio que hay varias familias que arriendan casas enteras, y sus condiciones de pago es que las niñas sostengan encuentros sexuales con los dueños de los inmuebles. Las niñas señalaron que varias de sus amigas han desaparecido de forma misteriosa sin saber si fueron a otras zonas del país, si regresaron a Venezuela o si se encuentran retenidas por sus agresores. Este medio conoció, de manera extraoficial, que al mes entre 40 y 60 menores caen en redes de explotación sexual, pues estas llegan por primera vez a esas zonas de fronteras donde son abordadas por estas mafias.

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