Desde Soacha (Cundinamarca), el procurador Fernando Carrillo, el defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret y Alberto Brunori representante del Alto Comisionado de la ONU firmaron un pacto que, según ellos, brindará una serie de garantías para los líderes sociales. Carrillo Flórez señaló que el pacto consiste en intercambiar información que les permita a las autoridades colombianas esclarecer las causas por las que son amenazados los líderes.  Desde la Defensoría se registró un incremento significativo en las amenazas de hasta el 47%, es decir. Por último, la entidad informó que entre el primero de enero de 2016 y el 31 de enero de 2019, 462 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, 25 de ellos en 2019.