La Procuraduría rechazó el ataque terrorista perpetrado por el grupo armado ilegal, ELN, a la base militar de Puerto Jordán en Arauquita, donde fallecieron dos uniformados y otros 29 resultaron afectados.

Según el Ministerio Público, hay una compleja situación humanitaria. De acuerdo con las agencias de cooperación humanitaria hay 5 mil personas de 23 veredas confinadas, con temor a salir de sus casas por miedo a represalias.

“Desde agosto de 2024, cuando se suspendió el cese al fuego con el ELN, hemos asistido a una escalada de violencia terrorista en ese departamento, ataques contra la población civil y contra infraestructura estratégica de la Nación”, aseguró la Procuraduría.

En lo corrido del año al menos 119 personas han sido reportadas como desaparecidas;14 líderes sociales han sido asesinados y se han contabilizado al menos 10 acciones armadas entre julio y agosto de 2024. Además, a la fecha hay deficiencias en la prestación del servicio de energía en Arauca.

La Procuraduría advierte a las autoridades que, con la suspensión de los diálogos de paz con este grupo armado organizado, se puede generar una escalada de violencia aún mayor en las zonas de influencia del ELN.

La delegación del Gobierno aseguró que la viabilidad de seguir con estas conversaciones está severamente lesionada y su continuidad solo puede ser recuperada con una manifestación inequívoca de la voluntad de paz del ELN.

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