El Senado de Chile aprobó este martes un proyecto de ley que busca agilizar la expulsión administrativa de extranjeros que hayan infringido la normativa migratoria. La iniciativa permitirá a la Policía de Investigaciones (PDI), previa autorización judicial, ingresar a domicilios para localizar y detener a personas con órdenes de expulsión vigentes.

La propuesta recibió 37 votos a favor y una abstención, tras la aprobación del informe de una comisión mixta que incorporó modificaciones al texto, previamente avalado por la Cámara de Diputadas y Diputados.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, explicó que la reforma busca superar obstáculos que han dificultado la ejecución de las expulsiones administrativas, además de brindar mayor seguridad jurídica y efectividad a estos procedimientos.

Uno de los cambios centrales establece que la PDI deberá solicitar autorización a un juez de garantía para ingresar a una vivienda donde se encuentre una persona con orden de expulsión vigente. El magistrado tendrá un plazo de 24 horas para resolver la solicitud.

La iniciativa también aumenta de tres a cinco años el período mínimo de prohibición de ingreso a Chile en determinados casos e incorpora mecanismos para facilitar la expulsión de extranjeros en situación irregular que afronten ciertos procesos penales, siempre que exista autorización judicial.

En Chile hay más de 330.000 extranjeros en situación irregular, según cifras atribuidas al Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Además, distintos reportes estiman que existen más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes de ejecución, cerca de la mitad correspondientes a ciudadanos venezolanos

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