Este lunes 24 de agosto el nuevo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció que su gobierno comenzará prontamente la aplicación de mecanismos de expulsión de migrantes irregulares que se encuentran en su país.

La orden del mandatario deben cumplirla tanto la Policía Nacional de Colombia, como el servicio nacional de Migración. Ante el anuncio, defensores de derechos de personas migrantes consideran que unos 600 mil venezolanos corren el riesgo de ser deportados tras la mediday ya que no poseen visa, asilo humanitario ni permisos especiales de protección o permanencia temporal.

La Red Jesuita con Migrantes de América y El Caribe (RJM) manifestó su rechazo a esta decisión del presidente colombiano, destacando que intenta imitar a su homólogo estadounidense, Donald Trump, al replicar medidas violatorias del derecho internacional humanitario al pretender expulsar de su país a migrantes de otros países que se ven forzadas a movilizarse por fuertes razones de orden político, económico y de otra índole.

En ese sentido, instó a De La Espriella a reanudar el Permiso por Protección Temporal (PPT) que fue suspendido en diciembre de 2024 por el entonces presidente Gustavo Petro.

También proponen agilizar la aprobación del Permiso Especial de Contingencia (PEC) que quedó en consulta pública por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, para en vez de deportarlos, darles la oportunidad de regularizarlos, pues muchos tienen más de cuatro años radicados en Colombia, entre ellos cientos de miles de venezolanos.

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